19 de octubre
2013
“Se Suelta---Un
Poco—el Nudo Colonial en Puerto Rico”
Victor M. Rodriguez Dominguez
En el 2000 escribí
un artículo basado en una primicia que fue compartida conmigo por un empleado
de la junta de planificación. El
empleado, el cual aun no me siento en libertad de compartir su nombre, me
informó de toda la estratagema de la administración del gobernador de ese entonces
Pedro Rosselló de burocráticamente imponer en Puerto Rico el sistema que
utiliza el censo norteamericano para medir la demografía de los grupos raciales
en Puerto Rico. Esta estrategia, que entonces fue categorizado por Don Juan
Mari Brás como la “integración automática” tenía
como propósito gradualmente integrar a Puerto Rico en la jalda resbalosa de la racialización
cultural y social de los puertorriqueños.
Citando del artículo
del 2002 en Claridad:
Desde que se
anuncio oficialmente la decisión de utilizar en Puerto Rico el mismo
cuestionario que se utiliza en los Estados, el gobierno Rosellista comenzó una
labor de esconder como y porque se realizo esta decisión. La administración
Rosellista, temía las posibles repercusiones políticas en un momento en que la
administración se encontraba aun reculando del efecto de el plebiscito de
Diciembre 13, 1998. En este, la mayoría del pueblo Boricua dio al traste con
los intentos de atosigarle la estadidad a Puerto Rico. Pero, a pesar del
mensaje claro del pueblo, el gobernador no se amilanó.
La estrategia Rosellista de la "integración automática" implica implementar administrativamente, en forma sutil, aquellos procesos que conduzcan a reducir las diferencias sociales y culturales entre los Estados Unidos y Puerto Rico. El desarrollo de programas bilingües, y el uso del cuestionario del censo de los Estados Unidos son formas graduales de impulsar unos procesos culturales y sociales que preparan a la isla para la estadidad. Este es el legado, un caballo de Troya que la administración Rosellista le deja al pueblo boricua y cuyas consecuencias se seguirán experimentando décadas después de su salida de La Fortaleza. En este caso del censo, las consecuencias serán potencialmente dramáticas.
“Una fuente cercana a el proceso en la junta de planificación, donde se discutió inicialmente esta decisión, me proveyó de recortes y trasfondo de este complejo proceso. La primera noticia, que pasó casi desapercibida, apareció en la prensa del país el 9 de enero de este año. El Nuevo Día en la edición de ese día decía "Ingresa la isla a las estadísticas del censo federal." El Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló, presenta las nuevas de que en Puerto Rico se utilizara el cuestionario estadounidense traducido al español como una victoria de sus gestiones. En realidad el proceso fue muy distinto. Si uno se limita a la lectura de la cobertura de la prensa, se lleva uno la impresión de que el Buró del Censo fue obligado a acceder a los reclamos boricuas, nada más lejos de la verdad.
En el 1958, el gobernador Luis Muñoz Marín llegó a un acuerdo con el departamento de comercio de los Estados Unidos (bajo el cual se ubica administrativamente el buró del censo) para asegurar la participación de Puerto Rico en determinar qué tipo de cuestionario se utilizaría en la isla. Puerto Rico estaría representado por la junta de planificación la cual utilizaría su experiencia técnica para determinar el contenido de dicho cuestionario. El propósito lógico de este acuerdo era determinar primero que necesidades tenia Puerto Rico y que tipo(s) de preguntas proveían la información necesaria para la planificación social y económica de la cual la junta es responsable.
La práctica que se desarrolló desde ese entonces, era el de un comité interagencial que reunía a usuarios privados de la data (académicos, expertos en mercadeo, demógrafos etc.) y las agencias gubernamentales que usaban estos datos para cumplir sus responsabilidades gubernamentales. Estos determinaban cuales tópicos eran necesarios y le informaban al buró federal del censo que querían/necesitaban y así procedía el buró del censo. Existía autonomía local en determinar estas prioridades y necesidades en cuanto a los datos y/o preguntas. El Buró del Censo, según la fuente cercana al proceso, siempre estuvo abierto a recibir e implementar las preguntas y/o temas que los miembros del comité interagencial estimaban importantes.”
La estrategia Rosellista de la "integración automática" implica implementar administrativamente, en forma sutil, aquellos procesos que conduzcan a reducir las diferencias sociales y culturales entre los Estados Unidos y Puerto Rico. El desarrollo de programas bilingües, y el uso del cuestionario del censo de los Estados Unidos son formas graduales de impulsar unos procesos culturales y sociales que preparan a la isla para la estadidad. Este es el legado, un caballo de Troya que la administración Rosellista le deja al pueblo boricua y cuyas consecuencias se seguirán experimentando décadas después de su salida de La Fortaleza. En este caso del censo, las consecuencias serán potencialmente dramáticas.
“Una fuente cercana a el proceso en la junta de planificación, donde se discutió inicialmente esta decisión, me proveyó de recortes y trasfondo de este complejo proceso. La primera noticia, que pasó casi desapercibida, apareció en la prensa del país el 9 de enero de este año. El Nuevo Día en la edición de ese día decía "Ingresa la isla a las estadísticas del censo federal." El Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló, presenta las nuevas de que en Puerto Rico se utilizara el cuestionario estadounidense traducido al español como una victoria de sus gestiones. En realidad el proceso fue muy distinto. Si uno se limita a la lectura de la cobertura de la prensa, se lleva uno la impresión de que el Buró del Censo fue obligado a acceder a los reclamos boricuas, nada más lejos de la verdad.
En el 1958, el gobernador Luis Muñoz Marín llegó a un acuerdo con el departamento de comercio de los Estados Unidos (bajo el cual se ubica administrativamente el buró del censo) para asegurar la participación de Puerto Rico en determinar qué tipo de cuestionario se utilizaría en la isla. Puerto Rico estaría representado por la junta de planificación la cual utilizaría su experiencia técnica para determinar el contenido de dicho cuestionario. El propósito lógico de este acuerdo era determinar primero que necesidades tenia Puerto Rico y que tipo(s) de preguntas proveían la información necesaria para la planificación social y económica de la cual la junta es responsable.
La práctica que se desarrolló desde ese entonces, era el de un comité interagencial que reunía a usuarios privados de la data (académicos, expertos en mercadeo, demógrafos etc.) y las agencias gubernamentales que usaban estos datos para cumplir sus responsabilidades gubernamentales. Estos determinaban cuales tópicos eran necesarios y le informaban al buró federal del censo que querían/necesitaban y así procedía el buró del censo. Existía autonomía local en determinar estas prioridades y necesidades en cuanto a los datos y/o preguntas. El Buró del Censo, según la fuente cercana al proceso, siempre estuvo abierto a recibir e implementar las preguntas y/o temas que los miembros del comité interagencial estimaban importantes.”
La decisión de
la administración del PPD era la de esconder la cuestión racial del discurso político
y social en Puerto Rico sin tener que bregar con el racismo institucionalizado que
había afectado inclusive a miembros prominentes del PPD tales como Don Ernesto
Ramos Antonini. Pero también esta decisión Rosellista cerró el espacio de relativa
autonomía que tenia la Junta de Planificación de desarrollar un instrumento demográfico
que fuera efectivo y valido en el contexto de la realidad racial de Puerto
Rico. Este tipo de información es esencial para poder medir la movilidad social
de los Afro-descendientes en Puerto Rico y mantener información sobre como el
sistema de justicia criminal viola los derechos civiles de algunos grupos en
Puerto Rico. El llamado “racial profiling” o la discriminación basada en el
perfil racial no es único y exclusivo de los Estados Unidos, es también algo
que aqueja al sistema policial en Puerto Rico.
En resumen, lo
que vemos hoy en Puerto Rico es la intrusión cada vez más intensa en cada intersticio
de la sociedad puertorriqueña. El FBI, el Departamento de Justicia Federal, “Homeland
Security” y todas sus agencias, los departamentos y agencias federales y sus
programas Medicare, SNAP (cupones), FEMA, etc. Son ahora considerados normales
en la vida cotidiana de Puerto Rico. Hay una fábula popular que se refiere a “como
se puede cocinar un sapo,” y la contestación es que se pone el sapo en el
caldero y se incrementa la temperatura de la estufa gradualmente hasta que
queda completamente calcinado. Eso es lo
que sucede en Puerto Rico con la intromisión gradual de “lo federal” en la vida
cotidiana de Puerto Rico. Gradualmente, sin choques abruptos se ha asimilado y
racializado la cultura, los medios y la sociedad en Puerto Rico. Muchos Boricuas no se percatan porque están en
el caldero y no han percibido como el agua ha subido de temperatura y ha
cambiado la textura del tejido social de Puerto Rico. Los que viven fuera de
Puerto Rico lo notan en la distancia. Hay veces que no podemos ver el bosque
por los árboles…
Hay veces en que
podemos atisbar un poco de descolonización en el horizonte, la reciente decisión
del secretario de justicia federal Eric Holder de suspender parcialmente la aplicación
a Puerto Rico del Omnibus Crime Control Act de 1994. Este había creado una situación de conflicto cultural
al ignorar la constitución colonial de Puerto Rico que prohíbe la pena de
muerte. Esto llevo a muchos casos en los tribunales donde los jurados Boricuas
se negaron a aplicar la pena de muerte cuando la ley lo permitía. Para evitar
este conflicto el secretario tomo esta decisión. Lo interesante es que se
supone que sea el congreso quien “disponga” de asuntos relacionados con cambios
a la relaciones de Puerto Rico y el hegemón, tal y como establecieron la ley
600 y los Casos insulares. Pero aquí, como muy bien describe el abogado Daniel
Nina, de un plumazo descolonizaron un poco a Puerto Rico. También el
departamento de justicia federal increpo
al departamento de policía de Puerto Rico por sus violaciones de los derechos
civiles y humanos de los estudiantes universitarios y los hermanos Dominicanos
residentes en Puerto Rico.
Necesitamos
muchos plumazos más, pero estos no ocurrirán espontáneamente, hace falta un
movimiento pujante por la descolonización….
Francisco Rivera Batiz. “Color in the Tropics:
Race and Economic Outcomes in the Island of Puerto Rico” Columbia University,
2005. (Manuscrito)
Daniel Nina. “ Federales redefinen la pena de muerte en Puerto Rico…
de un plumazo” El Post Antillano Viernes 18 de Octubre de 2013 09:34
Víctor M. Rodríguez
Domínguez
"Censo 2000: Nación, raza y el discurso
independentista" in two parts in Claridad (Puerto Rico)
January 7-13, 2000 pp. 14 & 31 and January 14-20, 2000 p. 14 & 31.
Latino
Politics in the U.S.: Race, Class and Gender in the Mexican American and Puerto
Rican Experience. Dubuque, IA: Kendall-Hunt Press, Rev.
2012 (2005).
